¿CONFORMARSE SIN CONFESARSE CULPABLE? LA CONFORMIDAD PENAL FRENTE A LA DOCTRINA ALFORD
Imagina la siguiente situación: una persona está acusada de un delito y mantiene, desde el primer momento, que no lo cometió. Sin embargo, existen indicios en su contra, el resultado de un juicio es incierto y la acusación le ofrece una pena sensiblemente inferior a la que podría afrontar si el procedimiento termina con una sentencia condenatoria.
Su abogado puede recomendarle aceptar el acuerdo. No porque considere que su cliente sea culpable, sino porque, desde una perspectiva defensiva, el riesgo de acudir a juicio puede no compensar.
En España, esa decisión plantea una dificultad: para alcanzar una sentencia de conformidad, el acusado debe aceptar el relato sobre el que descansa la acusación. En Estados Unidos existe, en cambio, una peculiar figura que permite resolver de otra manera esa contradicción: la denominada Alford plea. El acusado puede mantener que es inocente y, al mismo tiempo, aceptar una condena.
Dos formas de justicia penal negociada que parten de presupuestos sustancialmente distintos.
La conformidad penal española: aceptar la acusación para evitar el juicio
La conformidad no es una institución nueva en nuestro ordenamiento. Sus raíces se remontan al texto original de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, aunque su importancia práctica aumentó con la introducción del procedimiento abreviado en 1989 y, posteriormente, con la regulación de los juicios rápidos en 2002.
En términos sencillos, la conformidad permite terminar anticipadamente un procedimiento penal cuando acusación y defensa alcanzan un acuerdo sobre los hechos, su calificación jurídica y la pena que debe imponerse.
No estamos, técnicamente, ante una confesión entendida como medio de prueba. Pero esa precisión no debe ocultar su consecuencia práctica: nuestro sistema exige que el acusado haga suyo el relato de la acusación, es decir, que acepte los hechos que se le imputan.
El art. 655 LECrim habla, para el procedimiento ordinario, de una «conformidad absoluta» con la acusación más grave. En el procedimiento abreviado, los vigentes arts. 785 y 787 ter parten de «la descripción de los hechos aceptada por todas las partes». La propia Fiscalía General, al interpretar la reforma de 2025, se refiere a la conformidad como una sentencia basada en el «reconocimiento de hechos» por la persona acusada.
La terminología histórica de la Ley es todavía más expresiva. Los arts. 688 y siguientes de la LECrim utilizan fórmulas como «confesarse culpable», «confesar su responsabilidad criminal» o reconocerse reo del delito atribuido.
Por tanto, aunque conformidad y confesión no sean jurídicamente conceptos idénticos, existe una idea difícilmente discutible: en nuestro modelo no cabe, con carácter general, una sentencia de conformidad acompañada simultáneamente por una declaración del acusado afirmando que no cometió los hechos.
Ahí aparece la primera gran diferencia con la doctrina Alford.
Una conformidad española renovada en 2025
La Ley Orgániza 1/2025, de 2 de enero, ha reformado esta materia potenciando claramente la justicia penal negociada. Entre otras modificaciones, eliminó con carácter general el tradicional límite de seis años de prisión que condicionaba determinadas conformidades, permitiendo que la institución alcance actualmente procedimientos de mucha mayor gravedad.
En el procedimiento abreviado puede alcanzarse actualmente la conformidad en la nueva audiencia preliminar del art. 785 LECrim o al inicio del juicio conforme al art. 787 ter.
El órgano judicial debe comprobar que la calificación jurídica aceptada es correcta y que la pena resulta legalmente procedente. Además, debe dirigirse personalmente al acusado para verificar que ha prestado su consentimiento libremente y con conocimiento de sus consecuencias. La defensa debe facilitarle por escrito información sobre el acuerdo y, en determinados casos -especialmente cuando concurren víctimas vulnerables o hechos de especial gravedad o trascendencia-, el Ministerio Fiscal debe oír previamente a la víctima o perjudicado.
Existe además una modalidad especialmente ventajosa en los juicios rápidos. Cuando concurren los requisitos del art. 801 LECrim, la conformidad prestada ante el juzgado de guardia comporta una reducción legal de un tercio de la pena solicitada.
El sistema, por tanto, proporciona beneficios evidentes. Reduce tiempos, evita juicios innecesarios, proporciona certidumbre al acusado, disminuye costes para la Administración de Justicia y, en determinados asuntos, evita a las víctimas tener que revivir los hechos durante el juicio.
Pero plantea también una cuestión menos visible: ¿qué ocurre cuando el acusado está dispuesto a aceptar la pena, pero no a reconocer que cometió el delito?
North Carolina v. Alford: «acepto la condena, pero sigo diciendo que soy inocente»
La respuesta estadounidense procede de un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1970: North Carolina v. Alford.
Henry Alford había sido acusado en 1963 de asesinato en primer grado en Carolina del Norte. La acusación disponía de testimonios seriamente incriminatorios y una condena podía exponerlo entonces a la pena de muerte.
Su abogado, después de analizar las pruebas, le recomendó aceptar una declaración de culpabilidad por asesinato en segundo grado. Alford aceptó, pero introdujo una particularidad decisiva: siguió afirmando que no había cometido el asesinato.
En otras palabras, su posición venía a ser la siguiente: mantengo mi inocencia, pero reconozco que existen pruebas suficientemente graves contra mí y considero que lo mejor para mis intereses es aceptar esta condena antes que afrontar el riesgo de un juicio.
El Tribunal Supremo estadounidense consideró constitucionalmente admisible la declaración. La existencia de una protesta de inocencia no impedía aceptar una guilty plea cuando la decisión constituía una elección voluntaria, consciente e inteligente del acusado y el expediente ofrecía una sólida base fáctica indicativa de culpabilidad.
Así nació lo que desde entonces se conoce como Alford plea, respecto de la que conviene realizar dos precisiones.
La primera es que el acusado que formula una Alford plea termina condenado. No conserva jurídicamente la condición de inocente después de la sentencia, ni obtiene una especie de condena de segunda categoría. Acepta las consecuencias de una declaración de culpabilidad aunque continúe proclamando que no cometió los hechos.
La segunda es que no debe confundirse con el nolo contendere. En este último, el acusado no se declara propiamente culpable ni inocente: simplemente decide no discutir la acusación. En una Alford plea, por el contrario, formalmente se produce una declaración de culpabilidad acompañada de una protesta expresa de inocencia.
Presunción de inocencia y derecho a no confesarse culpable
El art. 24.2 de nuestra Constitución reconoce simultáneamente tres garantías particularmente relevantes: el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a no confesarse culpable y la presunción de inocencia.
El Tribunal Constitucional ha conectado reiteradamente estas garantías. El derecho a no autoincriminarse constituye una manifestación del derecho de defensa y supone que corresponde a la acusación demostrar la culpabilidad sin trasladar al acusado la carga de colaborar en su propia condena.
La STC 76/2007 resulta particularmente interesante en este contexto. El Tribunal consideró constitucionalmente inadmisible utilizar como argumento para imponer una pena más elevada que los acusados hubieran rechazado conformarse y hubieran negado los hechos durante el juicio. La negativa a confesarse culpable constituye ejercicio de un derecho fundamental y no puede convertirse en un factor de agravación punitiva.
Naturalmente, nada de ello significa que nuestra actual conformidad sea inconstitucional. El acusado puede renunciar voluntariamente a determinadas garantías procesales y aceptar conscientemente una sentencia condenatoria.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite expresamente los sistemas de plea bargaining. En Natsvlishvili y Togonidze c. Georgia, de 29 de abril de 2014, Estrasburgo consideró legítima la renuncia al examen ordinario del asunto cuando el acuerdo se acepta con pleno conocimiento de los hechos y sus consecuencias jurídicas, de manera verdaderamente voluntaria y bajo un control judicial suficiente.
Pero que la conformidad española sea constitucionalmente admisible no significa que no pueda mejorarse.
El problema del inocente que racionalmente decide conformarse
Existe una incómoda realidad inherente a cualquier sistema de justicia negociada: una persona puede considerar racional aceptar una condena aun creyéndose inocente.
No es necesario pensar únicamente en errores judiciales extraordinarios. Puede existir una declaración incriminatoria difícil de combatir, una prueba pericial desfavorable, varios indicios convergentes, una prisión provisional prolongada o simplemente una diferencia muy elevada entre la pena ofrecida mediante acuerdo y la pena que potencialmente puede imponerse después del juicio.
El acusado debe entonces comparar riesgos. Supongamos que la acusación ofrece una pena que permitirá suspender la entrada en prisión, mientras que una eventual condena tras el juicio podría comportar varios años de cumplimiento efectivo. Incluso una persona convencida de su inocencia puede preguntarse: ¿qué riesgo estoy dispuesto a asumir?
El problema de nuestro sistema aparece cuando la respuesta es: para obtener la solución jurídicamente menos arriesgada, debes reconocer además que cometiste los hechos.
La doctrina Alford afronta directamente esa contradicción: no obliga al acusado a convertir una decisión estratégica sobre riesgos procesales en una declaración personal de culpabilidad.
Las ventajas de una solución inspirada en Alford
La figura tiene inconvenientes evidentes. Puede resultar difícil explicar socialmente que alguien sea condenado mientras proclama su inocencia. Algunas víctimas pueden percibir la ausencia de reconocimiento como una falta de asunción de responsabilidad. Tampoco elimina el riesgo de que una persona inocente acepte una condena por miedo a una pena mucho mayor.
De hecho, la propia política federal estadounidense contempla las Alford pleas con cautela. El Departamento de Justicia establece que los fiscales federales sólo deben aceptarlas en circunstancias excepcionales, y exige una exposición especialmente sólida de los hechos que respaldan la culpabilidad. Además, la Rule 11(b)(3) de las Federal Rules of Criminal Procedure obliga al tribunal a comprobar que existe una base fáctica para una declaración de culpabilidad.
Pero precisamente esas cautelas muestran dónde puede encontrarse su principal virtud: una conformidad inspirada en Alford desplazaría el centro de gravedad desde la confesión del acusado hacia la suficiencia objetiva de la acusación.
En lugar de preguntar exclusivamente «¿reconoce usted los hechos?», el sistema debería poder preguntarse también «¿existe una base probatoria independiente suficientemente sólida para justificar esta condena y ha decidido el acusado, libremente y debidamente asesorado, renunciar al juicio y aceptar sus consecuencias?».
Desde esa perspectiva, la institución puede resultar incluso más coherente con determinados valores que sustentan nuestro art. 24.2 CE. No porque la presunción de inocencia sobreviva a una sentencia condenatoria -evidentemente no es así-, sino porque la legitimidad de la condena dejaría de apoyarse en la necesidad de que el acusado se autoincrimine para acceder al acuerdo.
Una posible reforma española: conformidad sin confesión
Una incorporación directa y acrítica del modelo estadounidense no parece aconsejable. Nuestro proceso penal responde a principios diferentes y el control jurisdiccional de la culpabilidad ocupa una posición particularmente relevante. Pero sí sería posible construir una «conformidad con protesta de inocencia» adaptada a nuestro sistema.
A mi juicio, debería sustentarse, al menos, sobre estas garantías:
- El acusado debería poder manifestar expresamente que no reconoce la autoría de los hechos, pero que, debidamente asesorado, acepta la sentencia acordada porque conoce la prueba existente y considera que existe un riesgo material de condena en juicio.
- La acusación debería presentar ante el órgano judicial una base probatoria objetiva e independiente de la propia conformidad, suficientemente consistente para justificar racionalmente la condena. La mera existencia del acuerdo nunca debería bastar.
- El juez debería efectuar un control material de esa base probatoria, y no una simple comprobación formal del pacto alcanzado por las partes, pudiendo rechazar la conformidad cuando las pruebas resultasen insuficientes o suscitasen dudas relevantes.
- Tendría que comprobarse especialmente la voluntariedad del acuerdo, valorando factores potencialmente coercitivos como la situación de prisión provisional, la vulnerabilidad del acusado o una diferencia desproporcionada entre la pena ofrecida y la pena solicitada para el caso de celebrarse juicio.
- La asistencia letrada y la información escrita sobre todas las consecuencias -penales, civiles y, cuando proceda, administrativas, profesionales o migratorias- deberían ser imprescindibles.
- El rechazo de esta modalidad de conformidad nunca podría generar directa o indirectamente una consecuencia punitiva adversa, en línea con la doctrina constitucional establecida, entre otras, en la STC 76/2007.
- La sentencia debería expresar de forma transparente que la condena se dicta sobre una conformidad acompañada de protesta de inocencia y concretar la base probatoria examinada por el órgano judicial.
Un sistema construido así no supondría importar el plea bargaining norteamericano. Su alcance sería mucho más limitado. Significaría únicamente reconocer algo que la práctica forense demuestra con frecuencia: aceptar una pena y confesar un delito no son necesariamente la misma decisión.
¿Sería más compatible con la presunción de inocencia?
La verdadera pregunta es otra. Si un acusado, informado por su abogado, considera que las pruebas existentes hacen demasiado arriesgado acudir a juicio y decide aceptar una determinada consecuencia penal, ¿necesita realmente el Estado exigirle, además, que reconozca que cometió el delito? Quizá no.
La justicia penal negociada necesita acuerdos, pero un Estado constitucional no debería necesitar confesiones. Si existe una base probatoria independiente suficientemente sólida, un verdadero control judicial y una renuncia libre e informada al juicio, una conformidad inspirada en la doctrina Alford podría ofrecer un equilibrio particularmente interesante entre eficiencia procesal, autonomía defensiva y garantías constitucionales.
En un momento en el que el legislador español acaba de ampliar considerablemente el ámbito de la conformidad penal, probablemente sea también el momento adecuado para preguntarnos no sólo hasta dónde queremos extenderla, sino qué estamos exigiendo exactamente al acusado a cambio de poder utilizarla.
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